Los adelantos médicos han prolongado la expectativa de vida de las personas. Una de las consecuencias de esta mejora, es el envejecimiento de la población que provoca que la población activa soporte un mayor coste social para sostener nuestro sistema de Seguridad Social.
La jubilación es un derecho fundamental sujeto a ciertos requisitos, entre ellos la edad. Hay quien piensa que retrasar la edad de jubilación permitiría disponer de más población activa que financie las pensiones y retrase el cobro de las suyas propias, procurando más viabilidad al sistema de pensiones.
Lo mejor de la medicina y de las condiciones en muchos trabajos, ha permitido que las personas puedan alargar su vida laboral con un alto rendimiento y sin tantos riesgos para su salud. Por otro lado, cuando ya se llevan 45 años trabajando duramente y cotizando al Estado, algunos expertos destacan que es hora de disfrutar de un merecido descanso. El hecho de que la esperanza de vida se alargue no necesariamente implica que se esté en condiciones de seguir trabajando, y en cualquier caso no es garantía de que cada uno vaya a vivir más.
De esta manera, la posibilidad de adelantar la edad de jubilación aparece como una opción para un sector social de la población. No obstante, existen teóricos que plantean que consideran que esta opción puede no ser tan efectiva a largo plazo y que puede generar condiciones desfavorables para los sujetos más precarios dentro del sistema social. Por otro lado, no se garantiza que este sistema tenga relación con el ingreso de otras personas como fuerza laboral.
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Resistencia de las personas a seguir trabajando después de tantos años, y el coste político de tomar una decisión de estas características. Desconocimiento de las ventajas y desventajas que implica una medida de esta naturaleza no sólo a nivel individual sino a nivel social.
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Que el mercado de trabajo se estanque y se mantenga sin movilidad e ingreso de nueva fuerza de trabajo. Que algunas personas sólo puedan acceder a este tipo de beneficio cuando otras en una situación de mayor precariedad no puedan disfrutar del beneficio.
6 opiniones argumentadas
- Juan Antonio Fernández Cordón
- Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de París
- Juan López de Gandia
- Doctor en Derecho de la Universidad de Bolonia.
- Valeriano Gómez
- Ex Ministro de Trabajo del gobierno de España