
Los consumidores de energía eléctrica en España están soportando las consecuencias del déficit tarifario, ya que son quienes pagan el recibo de la luz y este no es suficiente para cubrir el coste que supone a las empresas eléctricas abastecer a sus usuarios. Esta diferencia económica se ha convertido en deuda de los consumidores con las eléctricas. Para frenarlo y encontrar una salida para consumidores y productores se barajan distintas posibilidades, entre ellas financiar costes no cubiertos por las tarifas con fondos del Estado.
Un déficit tarifario que ha provocado una delicada situación económica del sector, debida a la diferencia existente entre los ingresos que las empresas eléctricas reciben de los usuarios -fijados por la Administración- y los costes que la regulación establecida les reconoce por suministrar electricidad. Por tanto, dicho déficit no es económico sino regulatorio, al ser menores los costes reales de las empresas eléctricas de lo que la regulación reconoce. La intervención del Estado en el sector, liberalizándolo y aplicando una política de congelación de la tarifa de la luz –sin tener en cuenta los costes de la energía- hizo que se convirtiera en deudor de dichas empresas provocando el citado déficit que ha ido aumentando progresivamente. Para frenarlo y encontrar una salida para consumidores y productores se barajan distintas posibilidades: financiar costes no cubiertos por las tarifas con fondos del Estado –como por ejemplo con los Presupuestos Generales del Estado-, subir las tarifas o, abaratar los costes para generar electricidad.