En relación a la decisión ¿Exigir que los gobernantes nos consulten las decisiones? esta es una opinión de José Luis González Quirós

No

• José Luis González Quirós
• Filósofo y analista político

Esta es mi opinión de experto

Como ya he dicho en otros lugares de Dontknow de tema similar, el problema esencial de toda forma de democracia directa es precisamente el que tiene que ver con los plazos necesarios para que se puedan ejecutar las opciones que han recibido el apoyo de la legitimidad popular. Decisiones se toman a cada momento, pero las decisiones que se toman son de muy distinto significado e importancia y no se puede pretender que, con carácter general, los gobernantes consulten todas las decisiones que toman porque, a parte de ser imposible, eso sería volver, caso de que fuera hacedero, a una situación en que no se podría exigir responsabilidades a nadie porque las decisiones se habrían tomado entre todos, lo que se parece demasiado a una peligrosa forma de totalitarismo.
 
Ese tipo de democracia directa fue posible, seguramente, en la antigüedad, cuando el tamaño de los grupos con capacidad de decidir era relativamente pequeño, porque cabían en una plaza o en un espacio publico muy bien delimitado. Eso hacía que, aunque las decisiones fueran de todos, la responsabilidad en caso de fracaso, o la glorificación en caso de triunfo, recayerá en los principales protagonistas, que eran bien conocidos por la totalidad de la asamblea, sin necesidad de que hubiese una distinción nítida entre representantes y representados, pero ahora las cosas son muy distintas, radicalmente distintas.
 
Esto no quiere decir que la democracia no pueda progresar mediante la introducción de formas de consulta popular más directa e inmediata, que deben introducirse, entre otras cosas porque la presión popular hará que sea inevitable que se introduzcan. Pero siempre deberá haber un período en el que quien ejecuta una decisión no deba someterse al posible dictamen cambiante de la opinión, precisamente porque tiene que asumir la responsabilidad de las decisiones que toma y esperar a que, en el plazo establecido, los electores le retiren el mandato o le ratifiquen en él. Solamente en aquellos campos en que la legalidad y legitimidad de las instituciones democráticas lo permitan se debe y se puede recurrir a fórmulas de consulta directa y de decisión inmediata, y, aún en ese caso, con precauciones.
 
Por ejemplo, en asuntos de fondo y no perentorios de política internacional, aunque también en algunos casos de carácter constitucional, se puede y se debe consultar a todos los ciudadanos. Sin embargo, el campo en el que se debe prosperar en la consulta es otro, es el campo de la prospectiva, de lo que ahora llamamos las encuestas de opinión, de forma que se tengan detalles más precisos e incontrovertibles de lo que piensa y siente la opinión pública ante casi cualquier asunto, pero sin que esa consulta pueda servir para que los gobernantes pretendan eludir su responsabilidad y endosársela a los electores. Son éstos los que pueden y deben exigir responsabilidades a los gobernantes, y no al revés.
 
En consecuencia no tendría mucho sentido pretender que los gobernantes consulten todas sus decisiones, aunque sí sea lógico que lo hagan con la frecuencia que les parezca conveniente, sobre todo ahora que resulta que ese tipo de consultas puede resultar más fácil y menos controvertido. Hay que insistir en que lo que define la existencia de una democracia no es que el Gobierno haga siempre lo que la mayoría cree, más o menos coyunturalmente que debiera hacerse, sino el que los ciudadanos puedan exigir responsabilidades al Gobierno y, en su caso, cambiar pacíficamente de Gobierno, en los plazos establecidos por la ley, cuando crean que el Gobierno no ha cumplido fielmente con las promesas que realizó, o con las obligaciones que debiera haber asumido. Otra cosa sería creer en que las sociedades pueden prescindir de un Gobierno que por fuerza ha de estar en manos de pocos, o lo que sería todavía más grave, creer que las sociedades modernas puedan llegar a crear un tipo de unanimidad indiscutible que haría innecesaria la existencia misma de un Gobierno y, desde luego, su cambio.