En relación a la decisión ¿Exigir que la atención sanitaria gratuita y de calidad sea un derecho? esta es una opinión de José Luis González Quirós
- José Luis González Quirós
- Filósofo y analista político
Esta es mi opinión de experto
En general me parece desacertado y muy equívoco convertir la existencia de determinados bienes materiales en un derecho: creo que los derechos son otra cosa, pero ese sería otro debate. En este caso concreto creo sea un error convertir en un derecho algo que por su propia naturaleza es inalcanzable.
La atención sanitaria, como la educación, la justicia o las vías públicas son bienes que los ciudadanos sufragamos de dos maneras, indirectamente, con nuestros impuestos, los de todos, o directamente con el pago de determinados servicios que no se ofrecen de manera gratuita (gratuitos no o son en ningún caso, pero lo parecen cuando no se paga directamente por ellos). Este modelo mixto es el que está vigente en España y en casi toda Europa con diversos porcentajes de participación de lo meramente público, y supuestamente gratuito, y lo que se paga de manera privada.
El problema por el cual la sanidad pública de calidad y "gratuita" no es financiable con fondos públicos es porque la economía enseña que la demanda tiende a ser infinita cuando bienes que realmente no lo son, se ofertan como gratuitos. Este es un punto de vista básico para entender el problema, pero hay más: incluso en el caso de que la demanda se contuviera por algún procedimiento difícilmente imaginable, los progresos médicos exigen una inversión en investigación que resulta ser muy costosa y cualquier sistema público que pretendiese ofrecer de manera inmediata y universal la sanidad de mayor calidad, esto es, las tecnologías de diagnóstico, tratamiento e intervención más avanzadas, iría por principio a la quiebra. Siendo esto así, lo único sensato es concebir la oferta sanitaria como una contraprestación de apariencia gratuita a cambio del pago de unos impuestos determinados que, por definición, constituirán una cantidad finita de dinero que deberá administrarse con criterios de racionalidad, eficiencia y justicia. Sin embargo, si se considera que la sanidad de calidad es un derecho sin restricciones cualquiera podría exigir cualquier tipo de servicio, por absurdo que fuere, y considerar que si se le niega, como ocurre cuando nao hay plaza para hospitalización o se entra en una lista de espera, se está cometiendo una injusticia.
No es así. Los gestores sanitarios administran unos bienes escasos y deben hacerlo con criterios públicos y transparentes, cosa que, de momento, no sucede, pero no pueden hacer cada día el milagro de los panes y los peces: no es posible satisfacer cualquier demanda porque es un imposible económico, porque el dinero disponible dista de ser infinito, y, además, sale de nuestros bolsillos, no de ninguna fuente de un maná inagotable. Todo esto no impide que los ciudadanos traten de conseguir que se incremente la cartera de servicios básicos, pero han de saber que es incremento deberá ser pagado y que cabe discutir cuál es la forma más lógica de distribuir el costo sanitario entre los ciudadanos.
Se trata de asuntos muy delicados, pero no sirve de nada no querer afrontarlos; cuando no se afrontan lo que ocurre es que aumenta el espesor, la oscuridad, disminuye la trasparencia y se instala un sistema retórico en el, con enrome frecuencia, que los que están defendiendo su huevo hacen como si estuviesen defendiendo nuestro fuero, pero esa es también otra cuestión.
El derecho a una sanidad de calidad, como el derecho a una vivienda digna, que está establecido en la Constitución, no constituyen derechos exigibles ante un Tribunal, sino que expresan, más bien, tendencias de fondo en la opinión común de una determinada sociedad en un preciso momento, pero cuando se trata de pasar de las musas al teatro hay que hacer números y se comprueba que no se pueden regañar viviendas a todos, porque se hundiría el sistema financiero y el conjunto de la economía, ni se puede garantizar una sanidad pública de ciencia ficción que se aplique, además, al primero que por allí pasa, turista, inmigrante, extranjero que ha venido ex-profeso, salvo que se quiera hundir el sistema público de salud que, con todos sus defectos, ha venido funcionando relativamente bien. Se trata de mejorarlo, pero no se consigue nada con palabras vacías, con promesas ilusorias, con derechos que se proclaman para quedar bien pero que carecen de cualquier contenido.
Muy de acuerdo con José Luis. Creo que la reclamación que se suele hacer diciendo "yo pago mis impuestos" permite exigir a los gobiernos una verdadera transparencia en la gestión de los recursos y una administración sensata de los mismos.
Pero pagar impuestos no me da un derecho absoluto a que me den todo lo que considero necesario para mantener o recuperar mi salud. De otro modo el sistema sería inviable y las personas cada vez más exigentes.