En relación a la decisión ¿Exigir comisiones de investigación en el Congreso ante casos de corrupción política? esta es una opinión de José Luis González Quirós

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Esta es mi opinión de experto

El Congreso debiera tener como una de sus misiones principales la del control del Ejecutivo y la evaluación de sus políticas, del funcionamiento de la administración, etc., pero, lamentablemente, en España no existe una auténtica separación de poderes porque los partidos lo mediatizan todo.

Hablando de lo que ocurre actualmente en España, hay que partir de que la absoluta falta de separación entre los poderes legislativo y ejecutivo no es una situación exigida por la Constitución, sino, más bien, un defecto del modo en que se ha articulado el trabajo de los partidos desde 1977, ya que los partidos no cumplen con el mandato constitucional de que su funcionamiento sea democrático. Como eso no es así, los partidos se configuran como sindicatos de intereses que defienden, por encima de todo, lo que creen constituye su beneficio electoral, sin que haya ningún principio ni ético ni político que limite este modo de actuar.
 
En consecuencia, cuando se trata de hacer una investigación en el Congreso, todo son obstáculos porque los diputados no actúan con libertad, sino en función de lo que interesa al partido al que pertenecen, a los que en ese momento lo dirigen. Al no deberse a sus electores sino al partido, los Diputados tienden a adoptar una moral de grupo más allá de su conciencia, del programa con el que concurrieron a las urnas, y de la voluntad de los electores con cuyo voto han llegado al Congreso.
 
En España no se vota a personas singulares con sus méritos y defectos respectivos, sino a partidos, a siglas y, además, se hace no en función de un análisis de las ofertas de cada grupo sino, en muy buena medida, en virtud de preferencias ideológicas que, en ocasiones, se remontan a identidades políticas de varias generaciones de una determinada familia o grupo social. En estas circunstancias, cualquier Comisión de investigación tendrá un resultado perfectamente previsible: hará un dictamen favorable a la mayoría de las Cámaras que dirigirá los debates, controlará las comparecencias, limitará los testimonios y recurrirá a toda clase de triquiñuelas para evitar que la Comisión pueda arrojar luz sobre un caso cuando sus intereses indiquen que lo conveniente es la sombra y el silencio. En sentido contrario, los partidos en minoría tampoco buscarán esclarecer un determinado asunto, sino la pura y simple tarea de deteriorar los intereses y la credibilidad del partido en el Gobierno. Como esto es así, es fácil colegir lo que ocurrirá: que no habrá Comisiones de investigación, o que, cuando no se consiga evitarlas, su desarrollo estará presidido por un alto grado de disimulos y manipulaciones. Esto es, efectivamente, lo que ha venido sucediendo sin excepción alguna y lo que ocurrirá, indefectiblemente, mientras no se alteren los términos en que se plantean estas iniciativas. 
Pese a todo, siempre es mejor que el Parlamento permita el desarrollo de un debate enconado que que trate de evitarlo. Por esta razón, los ciudadanos debiéramos exigir un mayor número de convocatorias, porque, pese a sus defectos de planteamiento, permiten que, pese a las manipulaciones y tergiversaciones, mucha gente se entere de lo que está ocurriendo. Los diputados no tienen el menor inconveniente en mentir: lo único que les preocupa es no perder el favor de sus jefes que son los que les garantizan una nueva reelección, de modo que las comparecencias suelen ser penosas repeticiones de versiones que nadie puede creerse y nadie se cree.
Hasta que no se arbitre un sistema que permita a los diputados ser realmente representantes de los ciudadanos en lugar de ser representantes de sus jefes políticos, la libertad política de nuestros representantes electos estará muy fuertemente limitada. Es en el régimen de funcionamiento de los partidos, que funcionan casi como mafias, donde se encuentra el verdadero agujero negro de la política española, y es también lo que hace imposible que florezca una auténtica cultura democrática en los ciudadanos, que desaparezca el sectarismo, que facilita mucho a los partidos el mantenimiento de “sus votos”, y que se establezca una libertad política real. Pero, en todo caso, Comisiones de investigación, cuantas más mejor, porque, por deficientes que sean, siempre contribuyen a que haya un debate público muy necesario.

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