En relación a la decisión ¿Criticar la actuación de los cuerpos de seguridad? esta es una opinión de José Luis González Quirós

Sí

• José Luis González Quirós
• Filósofo y analista político

Esta es mi opinión de experto

Una de las maneras en que hay que garantizar este respeto de las fuerzas de seguridad a la ley establecida es la crítica pública de sus actuaciones. Ya se entiende que no es fácil evitar la comisión de ciertos excesos cuando se desencadena una batalla campal, porque nunca es fácil evitar los errores una vez que se ha desencadenado un combate, pero las fuerzas de seguridad deben estar especialmente entrenadas para evitar las provocaciones, actuar siempre conforme al principio de precaución y tratar de no ocasionar un mal mayor del que pretenden evitar con su intervención.
 
Además, por si fuera poco complicada su tarea, las fuerzas de seguridad deben garantizar el orden público, el respeto a la ley y el restablecimiento de la normalidad ciudadana cuando se ha visto alterada por los desórdenes públicos. Su actuación generará inevitablemente nuevos conflictos y lo que se debe procurar es que esa clase de incidentes se minimice y tienda a no existir, lo que raramente será posible. En cualquier caso, dado que las fuerzas de seguridad actúan en nombre de todos nosotros, en nombre de la ley y del orden político, no deben rechazar que cualquiera de nosotros someta su actuación a revisión y a crítica. Hay que procurar que esa posibilidad no de lugar a una actuación deformada de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, a que ellas mismas hagan denuncias para contraponer a las denuncias que se puedan hacer contra ellas, pero no se puede pretender que jamás cometan un error cuando están actuando con violencia, por muy legítima que sea, para reprimir los desórdenes públicos.
 
La responsabilidad de que las fuerzas de seguridad actúen con orden y respeto a las leyes establecidas, a los derechos de los ciudadanos y a la prudencia, recae no tanto en los agentes individuales como en los mandos que los dirigen y, en último término, en los responsables políticos de las fuerzas de seguridad. Estos y aquellos tienen que mantener perfectamente equipados, entrenados y disciplinados a los agentes de orden público y, cuando lo hagan, podrán exigir de todos y cada uno de ellos el estricto cumplimiento de las normas en el cumplimiento de sus obligaciones cuando han de hacer uso de sus armas y de la fuerza de que están dotados. Los jueces serán quienes tengan que decidir cuando existan denuncias y acusaciones de malos tratos hasta qué punto estos son verosímiles y deben ser castigados o hasta qué punto forman parte de la estrategia de quienes promueven los desórdenes, pero la prensa y la opinión pública tiene derecho a informarse y a opinar sobre las actuaciones, aunque no tengan la última palabra en lo que se refiere a su calificación legal. Por eso es una garantía que las actuaciones de las fuerzas de seguridad puedan ser grabadas no solo por su mandos sino por periodistas y por ciudadanos y que unos y otros sepan que, precisamente porque la violencia de las fuerzas de seguridad está amparada por el principio de legalidad, cualquier actuación que signifique un exceso o una violación de derechos que no pueden ser suspendidos podrá ser sometida escrutinio público y a proceso político y, en su caso, a examen judicial.
 
Suele decirse que en los países con mayor tradición democrática la policía actúa con mayor contundencia, y esa observación puede deberse, en la medida en que sea correcta, al hecho de que cuando las policías están bien entrenadas y conocen perfectamente los límites legítimos de su actuación pueden actuar con mayor confianza y eficacia porque no tienen temor a ser objeto de falsas imputaciones y saben que su actuación está presidida por un doble respeto, el que el los ciudadanos les reservan a los agentes de seguridad y el que las fuerzas reservan para con todos los ciudadanos, pero esto nunca podría haber llegado a existir si no se diese el principio de libre crítica y no se reconociese con claridad la necesidad de que todos estemos sometidos a la misma ley, sin que la fuerza física pueda constituir ningún principio de exención a ella.