
Gestión privada sí o no. Esta es la gran pregunta que desde hace años está en el debate público.
Sus defensores alegan que este tipo de gestión reduce costes a la sanidad pública y controla de forma más eficaz el gasto. Por el contrario, sus detractores argumentan que la calidad de los servicios se verá afectada y el ciudadano se verá perjudicado por este nuevo sistema.
La polémica está servida.