Según la legislación comunitaria, la política educativa es prerrogativa de los Estados miembros. La UE no tiene competencia para intervenir. Por lo tanto, la participación en el proceso de Bolonia —sistema por el que los títulos universitarios son comparables y por lo tanto reconocidos en diferentes países— es voluntaria y no se pueden tomar decisiones jurídicamente vinculantes. A pesar de ello, los ministros de Educación de los Estados miembros de la UE se reúnen regularmente para evaluar el progreso del Proceso y el intercambio de mejores prácticas. Además, los eurodiputados han pedido que los distintos estándares académicos nacionales cambien a un estándar europeo común.
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